Martes, 21 de mayo 2024.
Pagos retrasados del Estado que se acumulan por más de 100 días en promedio y empresas -en su mayoría pymes- que están quedando sin margen para continuar funcionando, es el complejo panorama que atraviesa la industria de los dispositivos médicos, sector que acusa nulo interés del Ejecutivo y del Ministerio de Salud por resolver el problema.
Consternación provocó en la ciudadanía, la denuncia conocida en días recientes, acerca de la eliminación masiva de personas que estaban en lista de espera para una interconsulta en el Hospital Sótero Del Río. El bochornoso episodio motivó la renuncia del director del recinto asistencial y el inicio de una auditoria a toda la red asistencial.
Se trata de otro lamentable capítulo de la profunda crisis que afecta al sistema de salud, cuyo proceso también implica al sector privado ante el precario estado en que se encuentran actualmente las isapres. Todo esto ha invisibilizado un grave problema que se viene incubando hace rato, pero que hasta acá no parece llamar la atención de las autoridades de gobierno ni de congresistas. Se trata de la creciente deuda que acumula el Estado con los proveedores de la salud ante el retraso en el pago a las empresas de dispositivos médicos, que en promedio llevan más de 100 días esperando que se les cancele lo adeudado.
Desde la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), afirman que es una situación delicada a la que no se le ha tomado el peso, pero que puede tener nefastas repercusiones en el funcionamiento diario de toda la red de salud a lo largo del país. Y es que, según detalla Eduardo del Solar, director ejecutivo del gremio, tanto las consultas médicas, como las intervenciones quirúrgicas, dependen exclusivamente de que haya stock de insumos para realizar estos procedimientos. “Aquí hay que entender que todos los elementos que utilizan los doctores en sus consultas, y los que se ocupan en los recintos médicos para funcionar, requieren de estos dispositivos, que van desde un simple parche curita hasta los aparatos para realizar exámenes, camas hospitalarias, por mencionar algunos. Si las empresas que proveen estos elementos no pueden hacerlo, porque caen en insolvencia, el sistema de salud no podrá funcionar”.
Lo más grave de todo, afirma el representante de APIS, “es que esto lo saben en el Ministerio de Salud, pero, a pesar de eso, no parece importarles que la deuda del Estado con los proveedores se siga acumulando. El personero advierte que “aquí no estamos hablando de grandes conglomerados empresariales que proveen de estos insumos al sistema de salud, sino que de pequeñas empresas, que para seguir funcionando, necesitan que se les pague en un plazo razonable. De hecho, el 60% de los insumos que adquiere el Estado es precisamente a empresas de menor tamaño, que hoy ven gravemente amenazada su sostenibilidad financiera”.
Finalmente, Eduardo Del Solar indicó que “estamos en presencia de una lista de espera paralela, que el gobierno ha optado por no asumir, de la que no se está haciendo cargo, y es la razón por la que el Ejecutivo mantiene deshabilitada la plataforma de pago automático hace más de un año. Esta es otra bomba de tiempo, que si no se desactiva luego, va a explotar y tendrá un fuerte impacto en la seguridad de los pacientes y usuarios, que son los beneficiarios finales y principales del sistema de salud”.
Fuente: El Diario de Santiago.
