Jueves, 06 de agosto de 2026.
Señor Director:
La Ley de Pago a 30 Días representó un avance importante para corregir una de las mayores desigualdades que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas: financiar, con su propio capital de trabajo, la operación de grandes empresas e incluso del Estado. Sin embargo, esa promesa aún está lejos de cumplirse.
Hoy, mientras se discuten modificaciones que podrían ampliar las excepciones al pago oportuno, resulta indispensable recordar el espíritu de esta legislación: proteger a quienes tienen menor poder de negociación. Cada día de retraso en los pagos significa menos liquidez para las mipymes, menos capacidad para invertir, generar empleo y seguir aportando al desarrollo del país.
Pero la mayor contradicción sigue siendo el propio Estado. No es aceptable exigir el cumplimiento de la ley al sector privado si numerosos organismos públicos continúan pagando fuera de plazo, trasladando a las empresas de menor tamaño el costo de la burocracia y la ineficiencia administrativa.
Las excepciones pueden justificarse en casos muy específicos, pero no pueden transformarse en un mecanismo para debilitar una política pública que busca equilibrar relaciones comerciales profundamente desiguales.
El pago oportuno no es un beneficio ni un privilegio; es una condición básica para competir en igualdad de condiciones. Mientras ese principio no se respete plenamente, el pago a 30 días seguirá siendo una gran deuda del país con las pymes.
Eduardo Del Solar
Director Ejecutivo de Apis.
La Ley de Pago a 30 Días representó un avance importante para corregir una de las mayores desigualdades que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas: financiar, con su propio capital de trabajo, la operación de grandes empresas e incluso del Estado. Sin embargo, esa promesa aún está lejos de cumplirse.
Hoy, mientras se discuten modificaciones que podrían ampliar las excepciones al pago oportuno, resulta indispensable recordar el espíritu de esta legislación: proteger a quienes tienen menor poder de negociación. Cada día de retraso en los pagos significa menos liquidez para las mipymes, menos capacidad para invertir, generar empleo y seguir aportando al desarrollo del país.
Pero la mayor contradicción sigue siendo el propio Estado. No es aceptable exigir el cumplimiento de la ley al sector privado si numerosos organismos públicos continúan pagando fuera de plazo, trasladando a las empresas de menor tamaño el costo de la burocracia y la ineficiencia administrativa.
Las excepciones pueden justificarse en casos muy específicos, pero no pueden transformarse en un mecanismo para debilitar una política pública que busca equilibrar relaciones comerciales profundamente desiguales.
El pago oportuno no es un beneficio ni un privilegio; es una condición básica para competir en igualdad de condiciones. Mientras ese principio no se respete plenamente, el pago a 30 días seguirá siendo una gran deuda del país con las pymes.
Eduardo Del Solar
Director Ejecutivo de Apis.
Fuente: Cartas al Director – Diario La Tercera.
