La obligatoriedad de que el Ministerio de Salud informe anualmente a la Comisión Mixta de Presupuesto el estado de la deuda hospitalaria; y de pagar hasta 45 días de aceptada la factura, son parte de las glosas incluidas en la Ley de Presupuesto de 2018.
El Presidente de APIS, Christian Hänel, destaca el rol que cumplió la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud para lograr que el Presupuesto de 2018 incluya glosas que otorguen más facultades al Ministerio de Salud para controlar la deuda de los hospitales y mejorar el flujo que las carteras de Salud y Hacienda entregan para estos fines.
“Esta Ley de Presupuesto tiene relación con nuestra visita al Congreso, específicamente a la Comisión Mixta de Salud, que realizamos en octubre. Si bien nuestro objetivo era que se incluyese en el presupuesto del 2018 un ítem o glosa para cubrir la deuda generada el 2017 y otro que correspondiese a un flujo mensual permanente cuyo fin era cubrir el sobregasto que se produce todos los meses en los hospitales, logramos influir para que sean incluidas en el presupuesto de 2018 las dos exigencias que en definitiva dicha comisión le hizo al MINSAL”, señala Christian Hänel.
El líder de la asociación gremial que representa a la industria de dispositivos e insumos médicos, destaca especialmente la Glosa Nº10 de la Ley de Presupuesto 2018, recientemente aprobada por el Congreso, que indica lo siguiente: “El Ministerio de Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el día 28 de febrero de 2018, sobre el estado de la deuda hospitalaria del país, desglosada por Servicio de Salud, Centro de Salud, tipo de prestador y número de días de retraso en el pago, así como de las medidas sugeridas para pagarla”.
El Presidente de APIS enfatiza que uno de los aspectos más importantes de esta glosa es que por primera vez, la Ley de Presupuesto conmina al Ministerio de Salud a hacerse cargo de la deuda hospitalaria de manera proactiva y no reactiva, como ha sido hasta el momento. “Normalmente es la Comisión Mixta de Salud quien convoca al MINSAL ante situaciones de apremio, ya sea porque algún hecho salió a la luz pública o porque un determinado servicio no cumplió con alguna prestación, como por ejemplo, una cirugía que no pudo realizarse por falta de insumos”, ejemplifica.
Pese a este claro avance, el Presidente de APIS también da cuenta de un obstáculo que esta glosa no resuelve: “Creemos que no es una solución definitiva porque sabemos que la información sobre la deuda que transmiten los servicios públicos de salud al ministerio es deficitaria. En la práctica, creemos que puede ser complejo, dada la gestión interna de cada uno de los hospitales”, asevera.
Pago hasta 45 días
La Ley de Presupuesto también incluye una glosa relacionada con el Subtítulo 22 -asociada al pago de bienes y servicios de consumo- la cual establece que “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura fue aceptada”.
En este punto, Christian Hänel señala que la Ley de Presupuesto va en la dirección correcta. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los hospitales no sean receptores de facturas electrónicas impide el cumplimiento de esta glosa. “Una factura que es emitida por un proveedor, no necesariamente es aceptada a los 8 días como lo establece el Servicio de Impuestos Internos, ya que esta institución indica que si una factura no es objetada por el receptor durante los primeros 8 días, significa que es aceptada. En el caso de los hospitales, como no son receptores de facturas electrónicas, eventualmente podrían postergar el registro o la aceptación de este documento prácticamente todo el tiempo que deseen. No hay un límite”, argumenta.
Además, Christian Hänel hace hincapié en la necesidad de que los hospitales públicos implementen el uso de facturas electrónicas, lo que favorecería el control por parte del Ministerio de Salud. De esta manera, este último podría cruzar la información proporcionada por los proveedores y por los servicios de salud públicos.
“Así se podría controlar mejor que la información entregada por los establecimientos sea fidedigna y confiable, lo que hasta el momento no ha sucedido. Claramente esta Ley de Presupuesto está obligando al MINSAL a hacerse responsable de exigirle a los hospitales que entreguen la información correcta”, asevera.
Por último, el dirigente de la asociación gremial señala que APIS exigirá un estricto seguimiento y fiscalización al cumplimiento de estas glosas. “Haremos todo lo posible para que no se conviertan en ‘letra muerta’”, finaliza.
