Domingo, 15 de septiembre de 2024.
La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) acusa caída de 30% en sus ventas y que retrasos en pagos superan los 100 días. Explican que el aumento de afiliados en Fonasa y las listas de espera han consumido anticipadamente los presupuestos de los centros públicos, aunque Hacienda ha girado un aporte extraordinario de $248 mil millones, a la fecha. Benjamín Court.
Minsal ya ha gastado 82% del presupuesto para bienes y servicios de su red hospitalaria con la quiebra de la empresa Inmed, a mediados de agosto, se encendieron las alarmas en el sector de los proveedores de la Salud. La fuerte disminución en la compra de insumos médicos por parte de los hospitales públicos es la principal razón que explicaría el mal momento que atraviesa esta industria, según señala la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), que aglutina a 46 socios que manejan el 54% de las ventas al sistema público.
Sus cifras indican que hasta agosto de 2024, las empresas socias han vendido un 30% menos que en la misma fecha del año pasado, acumulando impagos por parte del Estado por cifras que rondan los $50 mil millones y un atraso de más de 100 días en los pagos correspondientes.
“Hoy hay una tormenta perfecta, tenemos un Estado que está comprando menos y está pagando mal, y tenemos un mundo privado que está pagando peor que el Estado y que no está comprando igual que antes”, explica Eduardo del Solar, director ejecutivo de la APIS.
Según los representantes de la industria, el problema de fondo es el aumento en la cantidad de pacientes atendidos en Fonasa, lo cual descuadró los presupuestos de los hospitales públicos. Solo en 2023, 344 mil personas migraron desde las isapres al Fondo Nacional de Salud.
En la industria explican que el Ministerio de Salud (Minsal) tiene una gran carga por resolver las listas de espera, por lo que la productividad se ha visto sobrecargada. Los hospitales están entregando más atenciones y eso significa que están gastando más de lo que tenían previsto. “El sector público ha estado muy presionado, porque no podemos olvidar que vivimos una pandemia, donde un montón de prestaciones quedaron postergadas por las famosas listas de espera. Hoy, el ministerio tiene una gran presión por resolver ese asunto. Entonces, hay recursos para listas de espera, pero la productividad se ha visto forzada”, sostiene Gabriela Garnham, general manager de la Asociación Gremial de Dispositivos Médicos de Chile (Adimech), que representa a 15 empresas socias, muchas de ellas extranjeras.
“Hay varios hospitales que su presupuesto histórico se les ha terminado antes y que hoy están esperando remesas para poder seguir. En julio nos empezamos a enterar del término del presupuesto de algunos hospitales y nos llamó la atención, porque normalmente esto se da en octubre”, añade. Y menciona como ejemplo el Hospital Félix Bulnes que desde el 24 de agosto empezó a dejar en pausa algunas licitaciones por falta de financiamiento.
“El mes pasado se les comunicó a muchos vendedores de los hospitales que los servicios iban a empezar a restringir las compras, porque no había plata”, señala Del Solar.
Un verdadero tsunami, dicen en la industria, que hace complejo para los proveedores seguir vendiéndoles, agrega. “Lamentablemente, cuando no hay un proceso formal detrás que justifique la venta y la compra del hospital, se corre el riesgo que no hay respaldo de los pagos futuros, porque en definitiva no hay algo que ampare esta operación, ya que en el sector público está todo bajo contrato, bajo proceso licitatorio”, explica Felipe Arredondo, director comercial para Sudamérica de Medline.
Desde el Minsal informan que los Servicios de Salud y su Red Hospitalaria han gastado el 74% del presupuesto operacional, a la fecha. Específicamente en el ítem bienes y servicios, la cifra aumenta, ya que se ha ejecutado el 82% del presupuesto anual. Además, explican que el aumento en el gasto está directamente asociado a la mayor producción de egresos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas y atenciones ambulatorias y, al incremento de la complejidad de los casos atendidos, impulsados por el envejecimiento, la carga de enfermedades y los cambios en los factores de riesgo de la población.
También desde el mundo público, el director de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), Jaime Espina, afirma que la inversión del Gobierno en equipamiento y suministros médicos ha aumentado durante el año. “En insumos a la fecha hemos gastado $593 mil millones, y durante todo el año pasado gastamos $638 mil millones, o sea, estamos súper cerca”. La Cenabast tiene un proceso de compra en el que va pidiendo a sus asociados, los hospitales, que proyecten la demanda de ciertos productos o categorías. En base a esos volúmenes licitan a los distintos proveedores.
Sobre ese punto, en la industria explican que las proyecciones que hicieron los centros de salud en la demanda de insumos, y por ende, en el presupuesto inicial, han sido insuficientes. Desde el Minsal admiten que están revisando la situación presupuestaria desde inicios de año con el Ministerio de Hacienda para financiar esta mayor actividad y el aumento en los costos de operación. A la fecha, ya hizo un aporte extraordinario de $248 mil millones, aprobado mediante el Decreto N°997 del 20 agosto pasado.
Demora en los pagos
El término del presupuesto en los hospitales públicos ha golpeado a los proveedores. Arredondo ejemplifica: “En general, los hospitales públicos ante situaciones de crisis se financian pidiendo más recursos a Fonasa, al servicio de salud o a programas especiales públicos, o bien, pagando tardíamente a los proveedores”.
En esta línea, desde el Minsal señalan que los precios de los insumos han aumentado. Sin embargo, los representantes de las empresas explican que no tienen alternativas, ya que mientras no se regularicen los pagos, se ha elevado el costo financiero de su operación. “Las empresas tienen dos alternativas. O dejan de venderle al sector público, porque no les da el flujo. O suben los precios para marginar más y que el margen, una vez que les paguen, sea suficientemente alto para poder pagar ese costo financiero de tantos días”, explica Arredondo.
Esta crisis afecta en mayor medida a las empresas nacionales que no tienen los recursos para asumir la demora en los pagos. Actualmente, según la Adimech, el 95,5% de los dispositivos médicos en Chile son importados. De esta manera, en la industria advierten que la crisis hará que las empresas busquen fabricantes cada vez más baratos y con un control de productos más deficiente. “Somos un país donde los dispositivos no están regulados, entonces, ¿quién va a velar por la calidad? Porque si me presionan, me voy a ir a costo. Pero estamos hablando de la salud”, cuenta Gabriela Garnham.
Cierran plataforma de pagos del Estado
En medio de los crecientes atrasos en los pagos, en la industria reclaman la cancelación de la plataforma de pago automático del Estado. Esta entró en vigor en agosto de 2019, luego de una serie de reuniones entre el gremio y el Ejecutivo para enfrentar otra gran crisis que vivía la industria en aquel tiempo. En 2018, la deuda del sector público con los proveedores sumaba $89 mil millones con más de 300 días de atrasos.
Con la plataforma, los pagos bajaron a un promedio de 27 días. Sin embargo, el 9 de marzo de 2023, el Gobierno decidió cancelar el uso de la plataforma por una serie de pagos duplicados a proveedores, lo cual ha generado una creciente deuda y atrasos del Estado hacia las empresas. “El Estado decidió bajar esta plataforma unilateralmente. De esta manera, los hospitales se volvieron a hacer cargo de los pagos y ya no Tesorería. La razón del Gobierno era evitar la duplicidad de algunos pagos. Esa fue la razón inicial”, explica Eduardo del Solar, director ejecutivo de la APIS.
Sin embargo, el gremio acusa que la verdadera razón es la falta de presupuesto. “Mientras el Estado no sea transparente, respecto a si tiene o no los recursos, es muy difícil que vuelva la plataforma automática. O al menos que nos digan, hagamos una mesa de trabajo o esto es lo que tenemos”, comenta Del Solar.
“El pago automatizado fue como un oasis dentro de esta larga historia. Era una maravilla porque, el sector público son los que proveen el 70% del volumen asistencial del país, en muchas prestaciones. Sin embargo, habitualmente, los proveedores siempre eran muy cautos de trabajar con el Estado, porque pagaban a 180 días, 120 días, siempre fue así. (…). Esta plataforma fue como un oasis”.
En la industria anticipan que los siguientes afectados serán los proveedores de equipamientos. Es decir, máquinas para hacer procedimientos más sofisticados que tienen un costo mayor. “Las empresas que están en el mercado de equipamiento, obviamente han visto una caída, porque además no hay proyectos de inversión (nuevos hospitales) a la vista que requieran estos productos”, añade el representante del gremio.
Y ahí señalan otro problema; el atraso en la construcción de algunos hospitales también redunda en que no se les pague el costo de los equipamientos comprados hasta que el recinto entra en funcionamiento. Además, como la mayoría de las empresas son importadoras, los retrasos generan la pérdida de las garantías con los fabricantes, teniendo que asumir la responsabilidad en el caso de alguna falla. Y dan como ejemplo, el caso de una empresa de camas hospitalarias que importó los productos pensando en la fecha fijada para la inauguración de un importante hospital. Pero el centro de salud aún no abre, su operación está atrasada en dos años y las camas siguen en las bodegas, mientras la garantía del fabricante ya expiró…
A la fecha, Hacienda ya hizo un aporte extraordinario de $248 mil millones para la red de salud estatal.
Fuente: Diario El Mercurio.
