En esta entrevista, el Presidente de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS AG), Christian Hänel, se refiere a la deuda del sector público, a los procesos licitatorios y a los asuntos regulatorios, entre otros temas. Para Hänel, que la deuda vencida al 30 de junio de 2017 haya crecido un 40% respecto de aquella al 31 de diciembre de 2016, es una señal de que no se ha sacado nada en limpio en la mesa de trabajo con el Minsal.
– Respecto de la deuda, ¿qué acciones concretas va a tomar APIS luego que la mesa de trabajo conjunta con el Minsal no ha funcionado y que la situación ha empeorado?
APIS debe seguir hablando y comunicándose con el Minsal. Eso significa seguir con la mesa de trabajo, no obstante, hay que buscar otros caminos. Creo que hoy son básicamente dos: Uno, más bien operativo, es estar en contacto con ChilePaga –dependiente de ChileCompra- que es una iniciativa que recién está comenzando y que vemos con algún optimismo que pudiera servir, al menos, para transparentar la deuda y dimensionarla correctamente. Si esa herramienta se usa bien y de acuerdo a lo que nosotros estimamos, los hospitales no podrían esconder facturas como lo hacen hoy y lo hicieron en el pasado. Igualmente es necesario que los asociados usen esta herramienta y que empujen a que los hospitales reconozcan y registren las facturas a tiempo. De ahí se deriva el segundo camino, complementario al primero, que es una acción no operativa. Tenemos que hacer que los estamentos públicos, los hospitales y los servicios de salud tengan -al igual que los privados- 8 días para aceptar o rechazar una factura. Si ésta no es rechazada en ese tiempo, significa que es aceptada y debe quedar registrada en la contabilidad del hospital o en el servicio de salud y de ahí, legalmente, deben correr los 45 días para el pago, que la normativa le concede al sector salud.
– Ahí se podría reducir drásticamente la fecha de pago
Si realmente la Contraloría y los políticos están de acuerdo que por parte del gobierno debe cumplirse la ley, lograríamos acortar los plazos de pago, habiendo fondos desde el Ministerio de Hacienda.
También es importante que Contraloría actúe en aquellos casos en que los servicios u hospitales no cumplen con el plazo de pago que tienen por ley. Cuando un estamento estatal se sobrepasa o comete una ilegalidad hay que denunciarlo a Contraloría.
– ¿Qué diferencia existe con lo que hoy hacen algunas empresas que denuncian ante la Contraloría?
Hay que hacerlo como gremio, buscar la forma de hacerlo como APIS, como un conglomerado, que no sean las empresas en forma individual sino que seamos nosotros como grupo. Por lo tanto la masa de facturas impagas va a ser mayor.
– ¿Y desde el punto de vista legal lo puede hacer una asociación gremial?
Lo desconozco. Tendremos que empezar a conversar con algunos estudios de abogado para que nos asesoren. Lo que buscamos es que la Contraloría siente un precedente y que los servicios públicos y hospitales se sientan obligados a pagar dentro de los 45 días después de haber registrado la factura.
– ¿Qué se ha conseguido en la mesa de trabajo con el Minsal?
La deuda vencida al 31 de diciembre 2016 versus al 30 de junio de 2017 creció un 40%. Eso es una señal de que no hemos sacado nada durante todo este tiempo. En lo que sí hemos obtenido resultados es sobre cosas puntuales, como en el Servicio de Salud Coyhaique y el Hospital de Quillota. Han levantado la alfombra y han ido a ver qué está pasando pero han sido casos esporádicos. Se necesita mayor energía por parte del Minsal.
– ¿Hacia dónde se dirigen los esfuerzos para solucionar el tema de la deuda?
Estamos poniendo sobre la mesa la necesidad de incluir dentro del Presupuesto de Salud para el 2018 una glosa que incorpore el pago de la deuda hospitalaria. Para ello, nos estamos reuniendo con los representantes de las comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. El presupuesto que se está presentando en el Congreso tiene los siguientes bemoles: Primero, está basado en estimaciones de compra y deuda poco claras. Por lo tanto, puede estar subvaluado. Segundo, como es un mal endémico, algo que se acarrea por años y no “se le ha puesto el cascabel al gato”, es el sobregasto que tienen los servicios de salud. Entonces, ¿por qué no incluir un ítem para sobregasto que signifique hacer los traspasos en forma fluida a lo largo del año calendario y no cada vez que “el agua nos llega al cuello”? Si queremos eficiencia y eficacia en el sector salud es necesario que los flujos sean fluidos -valga la redundancia- más permanentes, más constantes. Por ello es importante reunirnos con los presidenciables para saber si incluyen esta variable para mejorar la gestión de los hospitales.
-¿A cuánto asciende la deuda total?
Según el Minsal, al 30 de junio de este año asciende a $258 mil millones la deuda no vencida. A igual fecha la deuda vencida con nosotros es de aproximadamente $ 40 mil millones, pero en equipamiento e insumos, la deuda total vencida debe ser de $ 100 mil millones, y la vencida total debe estar aproximadamente en $ 200 mil millones. Creemos que los $258 mil millones es poco y es muy probable que sea alrededor de $ 400 mil millones de pesos, pudiendo llegar a fines de año a los $ 500 mil millones.
-¿Qué pasó con los procesos licitatorios?
Abogamos que se hiciera un Manual de Buenas Prácticas en las que el ministerio estuvo de acuerdo. Hicimos comentarios al documento pero quedó durmiendo el sueño eterno y -por lo tanto- no ha avanzado, lo cual nos complica. Creo que el paso siguiente que tenemos que dar es trabajar servicio por servicio y -en ese caso- lo que tenemos que hacer es estudiar las bases de licitación de cada uno de los servicios de salud y dirigirnos a sus directores para intentar cambiar ciertos comportamientos o malos hábitos que se ven en las bases de licitación en forma habitual, como son plazos de entrega demasiado breves o que no contemplan las restricciones propias de productos y servicios destinados a la medicina y multas desproporcionadas.
-¿Cuáles son los próximos desafíos de la industria en materia regulatoria y legal?
En la ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) pienso que es poco lo que va a suceder en los próximos 12 meses porque tiene que salir el reglamento, el Ministerio del Medio Ambiente tiene que fijar las cuotas de recolección y reciclaje y todo eso tomará tiempo. Además está de por medio el cambio de Gobierno. En lo que sí estamos entusiastas es -una vez que se sepa todo lo anterior- reunir a las empresas APIS para aprovechar esta unión empresarial y contratar reciclaje en conjunto. Incluso nos podemos incorporar a un gestor mayor como podría ser eventualmente la Sofofa, de la cual APIS AG forma parte.
– ¿Cuál ha sido el avance de la comisión de asuntos regulatorios?
Está relativamente estancada, pues recientemente hubo un cambio dentro de la organización del ISP. La unidad regulatoria para insumos e equipamiento médico que antes estaba al alero de la ANAMED (Asociación Nacional de Medicamentos), fue sacada de allí y quedó como un departamento independiente. Ello nos favorece porque ANAMED intentaba poner las mismas condiciones que rigen a los fármacos y estos son distintos a los dispositivos médicos. Tenemos una buena impresión de los encargados de este nuevo departamento del ISP, además les ofrecimos nuestro apoyo para cuando necesiten implementar el piloto para las certificaciones que se requerirán para ingresar nuestros productos a Chile y llevarlos a las bodegas que el importador estime para su almacenamiento.
– ¿Qué pasó con el registro de productos que ingresen a Chile?
El registro va a existir, falta la definición de cómo se hará, qué facilidades se darán para registrar productos que ya están con certificación FDA o CE, por ejemplo, porque somos de la opinión que esos productos debieran registrarse muy fácilmente, sin mayor burocracia y a costos bajos. Actualmente nuestros productos ingresan a Chile de manera muy expedita y esa regulación la hacen los mismos hospitales y usuarios. Si un producto ya viene con la certificación de que ha sido probado y ha pasado todos los controles, no habría por qué limitarle el ingreso a Chile. Por lo tanto, registrar en nuestro país debiera ser un trámite rápido y barato.
– Respecto de la ley de fármacos, una de las aprensiones de APIS tenía era la restricción del visitador médico para regular a los vendedores de las empresas de dispositivos e insumos médicos
Esa es una ley que está detenida en el Congreso porque, a estas alturas del año, consideran que tienen otras prioridades. Creo que este año es difícil que se mueva algo en ese sentido. Efectivamente, la ley propuesta prohíbe el contacto del visitador médico, que se asocia a los laboratorios farmacéuticos, con el cuerpo médico. ¿Significa esto que los representantes de venta de dispositivos médicos tampoco podrán contactar al cuerpo médico y profesionales de la salud? Sería un tremendo error que eso se aprobase así ya que los representantes de venta y asesores técnicos de nuestra industria tienen una función de asesoría muy importante.
– Respecto de ChilePaga, ¿qué aspectos deben saber los asociados?
Es importante que las empresas levanten sus facturas electrónicas en el portal de ChilePaga. Esperamos que esto se convierta en la conciliación de la deuda que tanto hemos buscado y planteado en la mesa de trabajo con el MINSAL. Esto debiera favorecer al pago oportuno.
