Señalan que el problema detonó el 9 de marzo de 2023, “cuando el Estado eliminó el pago automático a través de Tesorería”. Este martes y miércoles, el Ministerio de Salud se reunirá con los dos gremios que agrupan a los proveedores para buscar una salida a la elevada deuda pendiente. Jessica Marticorena
Deuda vencida del Estado supera los US$ 450 millones:
La próxima semana será clave para las empresas proveedoras del sistema público de salud, muchas de las cuales están en una situación de extrema fragilidad financiera por deudas que el Estado no les ha pagado.
El martes y miércoles están agendadas importantes reuniones en dependencias del Ministerio de Salud (Minsal), en el gabinete de la ministra y con autoridades de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La primera cita será el martes 28, con la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS). Un día después será el turno de la Asociación Gremial de Dispositivos Médicos (Adimech).
En el sector privado se anticipa un verdadero “cara a cara”, “porque será la primera reunión que sostendremos con cifras en manos, una instancia importante”, señala Eduardo del Solar, director ejecutivo de APIS.
Los privados estiman que la deuda total de todos los proveedores con el conjunto de la salud pública supera los US$ 450 millones, que incluye la facturación pendiente en hospitales, servicios de salud, municipalidades y corporaciones municipales.
En APIS cifran la deuda vencida solo con los socios de su gremio en US$ 87 millones. Otro monto similar se debe a los asociados de Adimech, quienes acusan que “los proveedores estamos en una asfixia financiera sin precedentes, con empresas sin pagos, sin garantías y con pérdida de liquidez. La situación es de extrema gravedad, estamos ante un riesgo real de quiebras y salida de proveedores del mercado”.
Este gremio agrupa a 19 empresas, que son firmas internacionales con filiales en Chile y en cuyas matrices reina la preocupación por los impagos. “Hoy es tal el nivel de incerteza, que no se pueden tomar decisiones, contratar personal, programar ni planificar”, expone Gabriela Garnham, gerenta general de Adimech.
La ejecutiva detalla que al 30 de septiembre, la deuda acumulada se divide en cuatro tipos. Hay facturas de arrastre desde 2024, por US$ 7,5 millones; otra deuda facturada en 2025, que si bien tiene un atraso de hasta 60 días, “presenta un aumento de más de un 30% de rechazo sin causa justificada, y si el hospital rechaza las facturas, retrasa el pago”. Esta obligación totaliza US$ 34,6 millones.
Explica que hay otra deuda impaga por US$ 15 millones, que tiene un retraso de pago de entre 61 y 180 días, sumados a otros US$ 7,3 millones que superan los 180 días de atraso, “cifra que creció un 99,7% entre mayo y septiembre”.
Y menciona que hay otra “deuda oculta que no está reflejada contablemente”, que son productos ya utilizados por hospitales sin orden de compra, paso anterior a la factura. “Esta deuda asciende a US$ 21,4 millones, monto que creció en un 153% entre mayo y septiembre”, precisa Garnham.
Critica que “hoy no existe un programa público de regularización ni un calendario de pagos que permita a los proveedores proyectar siquiera el corto plazo. Cada hospital gestiona su deuda como puede —sin trazabilidad, priorización ni coordinación con el nivel central—, lo que profundiza el caos financiero. Esto no da para más”.
De la próxima reunión con la autoridad esperan “un reconocimiento formal y público de la deuda total, un plan extraordinario de regularización de pagos, con calendario público y seguimiento mensual, y una trazabilidad única de deuda, que impida seguir escondiendo compromisos”.
Desde APIS el diagnóstico no es diferente. “Hay muchos de nuestros proveedores que están en situación muy límite, sobre todo las medianas y pequeñas empresas, que están renegociando con los bancos. Y esas empresas tienen problemas para poder licitar con el Estado, porque piden tener impuestos y cotizaciones al día, abrir una boleta de garantía y tener una línea de crédito disponible. Pero el Estado es el primer incumplidor de todas las leyes que se hacen”, acusa el director ejecutivo de APIS.
El gremio —que suministra más del 50% de lo que consume el Estado en dispositivos médicos— tiene 67 asociados, integrado por un tercio de empresas de tamaño mediano, otro tercio lo componen pequeñas firmas y el restante tercio grandes empresas. Del Solar alerta de que más de un tercio de sus asociados está en riesgo de quiebra, por la deuda impaga del Estado.
“Tenemos entre cuatro a cinco grandes empresas muy afectadas, otras siete empresas medianas en la misma situación y la mitad de las pequeñas en condiciones críticas, porque se han ido comiendo la caja, dado que el Estado no les paga. Pueden caer en insolvencia y están buscando poder captar capital para poder seguir operando. Ya quebraron tres socios a principios de año y podrían quebrar más”, advierte.
Menciona que el problema detonó el 9 de marzo de 2023, “cuando el Estado eliminó el pago automático y se volvió al sistema antiguo, a comprar desde los hospitales y a pagar desde los propios hospitales y servicios de salud. Se elimina el pago a través de Tesorería, y la compra a través de la Dipres, y los hospitales reciben el presupuesto directamente y lo gastan ellos directamente”.
Recuerda que “el 12 de agosto de 2019 se incorporó el pago automático del Estado, y con eso, hasta el 9 de marzo de 2023, los proveedores de la salud estuvimos a 27 días de pago. Y hoy tenemos deuda con plazos de pago de 200 a 250 días. Eso demuestra que no es un problema de plata, es un problema de gestión, porque antes pudo funcionar de manera óptima incluso en pandemia”. Y entrega un ejemplo: “El único hospital que actualmente está con pago automático del Estado es el Hospital San José, que era el peor pagador del Estado, pero hoy no tiene grandes problemas de pago”.
Pese a todo, mantienen una cuota de optimismo, porque “llevábamos tres años tratando de juntarnos con el Ministerio de Salud, además hicimos gestiones con Hacienda y presentamos requerimientos ante Contraloría. Y esto abre una luz de esperanza de acercar posiciones en torno a cómo saldar la deuda, para que después se pueda transmitir a los bancos”.
Desde el sector financiero la mirada es crítica sobre la deuda pública y la situación de los proveedores. “No se había visto una situación a este nivel, el Estado ha ido empeorando su calidad de pagador, con lo cual el capital de trabajo que tiene una empresa proveedora se hace imposible, elevando su riesgo. Porque no toda la deuda se puede factorizar, y al final se genera una fragilidad y estrechez financiera que la empresa no puede soportar y los bancos no están dispuestos a asumir ese riesgo, cortando el financiamiento”, puntualiza un alto ejecutivo de la banca.
Cell Zion: “Enfrentamos una grave crisis de flujo de caja“
Felipe Cáceres es el gerente de operaciones de Cell Zion, proveedor de insumos para cirugía desde el 2018 a más de 200 clientes del sector público, con artículos como injertos de hueso, agujas de biopsia y suturas. Abastece a más del 90% de los hospitales del país, además de Cenabast, centros de diagnóstico y tratamiento, corporaciones de salud y centros de atención primaria.
Este año la firma prevé facturar más de $1.100 millones, pero esa proyección está en riesgo, por la deuda impaga del Estado.
“Enfrentamos una grave crisis de flujo de caja que amenaza nuestra continuidad, pese a nuestro esfuerzo constante por cumplir con todas las entregas y mantener abastecido el sistema público de salud. En el gobierno anterior, los pagos de los hospitales se realizaban entre 30 y 60 días, permitiendo una operación financiera normal. Hoy, bajo el actual Gobierno, los pagos se han retrasado a entre 5 y 8 meses, y en algunos casos —como con Cenabast y ciertas corporaciones de salud— superan incluso un año”, explica Cáceres. Los centros de salud justifican la demora alegando falta de remesas del Gobierno Central, remarca.
Cuenta que “casi todas las facturas las deben ingresar a factoring a 90 días, reduciendo drásticamente los márgenes. Pero incluso al vencer ese plazo, muchas instituciones aún no han pagado. Para evitar caer en Dicom, debemos cubrir esos montos de nuestro propio bolsillo, provocando un flujo negativo que amenaza la viabilidad de cualquier empresa. Tres de nuestras competidoras ya han quebrado, y otras han debido reestructurarse y despedir trabajadores”.
Lo más absurdo, relata, “es que mientras esperamos meses por el pago de nuestras facturas, debemos pagar el IVA correspondiente al mes siguiente, convirtiéndonos en financiadores involuntarios del propio Estado. Nuestra deuda este año ha superado los $300 millones, y los dueños han tenido que arriesgar su patrimonio personal para evitar la quiebra”.
Y, agrega, “los hospitales exigen un cumplimiento implacable de los plazos de entrega, aplicando multas desproporcionadas ante cualquier demora”. Menciona que un caso “particularmente lamentable y absurdo es el de la Posta Central, donde nos multó con un 12% diario por atraso, generando sanciones que superaron los $2,5 millones sobre órdenes de compra de apenas $800 mil, además de ejecutar la boleta de garantía del contrato. Todo esto ocurrió pese a que presentamos descargos formales y documentados, que fueron rechazados sin fundamento alguno”.
Y subraya: “Esta situación es insostenible. Las empresas del rubro debemos seguir abasteciendo al sistema, cumplir contratos y garantizar la continuidad de las cirugías. Sin embargo, los retrasos en los pagos nos impiden cumplir con nuestros proveedores internacionales, generando rupturas de stock, multas contractuales y, en ocasiones, suspensión de pabellones quirúrgicos por falta de insumos básicos”. De hecho, se han endeudado para pagarle al proveedor de Estados Unidos, que llegó a deberle $140 millones. También les deben a los bancos unos $200 millones, “y ya nos están cerrando las líneas de crédito”.
Para agilizar el cobro de la deuda vencida con el Estado, la empresa tuvo que recurrir a acciones legales y actualmente está en proceso de demanda a cinco hospitales, “y vamos a demandar a cinco más”.
Health Store, deudas equivalen a la facturación de casi un año
La realidad de Health Store no es muy diferente. Paulina Vera, representante de la firma, cuenta que desde 2002 proveen equipamiento médico del área dental, como rayos X, además de insumos desde jeringas, gasas, mascarillas, guantes, etc. Abastecen desde municipios, Cesfam, ministerios, hospitales, servicios de salud y hasta el Instituto de Salud Pública (ISP).
“Somos una pyme, y tenemos facturas vencidas por cobrar por más de $81 millones, la facturación de casi un año. El 31% de ese monto tiene un atraso de más de 60 días, pero tenemos clientes con atraso por hasta seis meses”. Incluso, dice, las facturas con más de un año de vencimiento las contabilizó en categoría de “incobrables”.
Un efecto colateral de la deuda estatal es el impacto en la compra a sus propios proveedores, “que muchos nos exigen comprar al contado, porque no nos dan crédito. Compramos mucho afuera, desde China, Francia, Alemania, pero cuando no podemos importar, tenemos que comprar acá en Chile, que es 20% más caro”, explica.
También han optado por no enviar más productos, como lo hicieron con el servicio de salud de Valdivia, que les debe ocho facturas, cada una por sobre $1 millón, la más antigua con vencimiento de mayo.
“Hay hospitales como el de Magallanes, que cuando licitan obligan a no condicionar el despacho a un monto mínimo de compra. Y ocurre algo tan insólito que hay órdenes de $15 mil, pero el despacho sale más caro. Si pones monto mínimo o lo traspasas al cliente, simplemente no te adjudican”.
“En el gobierno anterior, los pagos de los hospitales se realizaban entre 30 y 60 días. Hoy se han retrasado a entre 5 y 8 meses, y en algunos casos —como con Cenabast— superan un año”.
Fuente: El Mercurio.
Autor: Jessica Marticorena.
