El subsecretario Alejandro Micco dijo que de operar la norma sobre el sector público implicaría costo fiscal. Multa mensual propuesta es inferior a la pedida por parlamentarios.
El proyecto de ley que fija normas especiales para empresas de menor tamaño en materia de plazo y procedimiento de pago más conocido como “pronto pago” ha traído diferencias entre Hacienda y senadores.
¿El motivo? La iniciativa legal fue aprobada con una serie de modificaciones por la Comisión de Economía del Senado pasando a la Sala. Entre los cambios introducidos, se extendió la obligación de “pago oportuno” a todas las empresas, no importando su tamaño, ni si son públicas o privadas. Asimismo, el plazo de “pronto pago”, fijado originalmente en 30 días desde la recepción de la factura, se amplió a 60 días para todo producto, a excepción de los alimentos frescos y perecederos que se mantuvo en 30 días. Además, si las empresas no pagan en el plazo convenido tendrían que cancelar el interés máximo convencional. Finalmente, se precisó que la ley entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, salvo lo relacionado con los contratos de compraventa y prestación de servicios firmados por el Ministerio de Salud (Minsal) y las municipalidades en calidad de compradores, los cuales tendrán tres años para adecuarse a la nueva norma.
Ante estas nuevas disposiciones, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, expuso ante la Comisión que no debería haber diferenciación de plazo entre productos genéricos y perecibles, y ambos deberían tener un “pronto pago” de 60 días. Argumentó que pasado ocho días de entregado el producto, si no hay reclamo de que no llegó o llegó en mal estado, la factura pasa a tener mérito ejecutivo y el proveedor tiene el derecho a que le paguen en la fecha indicada la factura, por lo que no debería haber un trato especial a los productos perecederos.
La autoridad consideró que la tasa de interés “es excesiva” para este tipo de facturas que contarían con un confirming, lo que sería equivalente a tener un cheque, por lo que el costo del financiamiento debería ser más barato que un crédito general”, apuntó.
Estimó que la tasa de interés debería ser de 1% mensual, es decir, 12% anual. Finalmente, sostuvo que el proyecto del ley “al ser para todos, entra el Gobierno Central, los servicios de salud y municipalidades. Y esa parte tiene costo fiscal (…) En este punto entendemos que es de exclusiva iniciativa del Ejecutivo”.
Para el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Alta, senador (UDI), Iván Moreira, esto es una interpretación que tiene el Gobierno, pero este aspecto puede ser normado a través de una moción parlamentaria. Por lo mismo, se aprobó el proyecto con las indicaciones.
Sin embargo, Micco insistió que “más allá del impacto que tendría en el Gobierno Central, en el cuál no existen temores porque cumple con los plazos, incluso menores a 60 días, lo más complejo sería para los servicios de salud y para los municipios”.
Hoy, el presidente de la Asociación de Proveedores de Industria de la Salud (APIS), Christian Hänel, se reunirá con el subsecretario Micco justamente para abordar el retraso del Minsal en los pagos. En ese sentido, le plantearán que “los hospitales no informan la deuda correctamente”, lo cual es lo mínimo para llegar a cualquier tipo de conciliación y pago de la deuda. Además, le solicitarán que se aumente el presupuesto para salud.
Respecto al proyecto, Hänel valora que sea el primer paso para ir a una solución global del tema, pero enfatiza: “No entiendo por qué al sector público hay que darle tres año para que se pongan al día en algo en que ya debieran haber estado al día”.
