Señor director
A paso firme avanza la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.416, también conocido como “proyecto de pronto pago”, que busca promover el pronto pago de las deudas contraídas con pequeñas y microempresas, estableciendo plazos, regulando su incumplimiento y fijando intereses moratorios. Sin embargo, en los artículos transitorios del texto legal se propone, respecto del Ministerio de Salud y Municipalidades, que esta ley entrará en vigencia a partir del trigésimo sexto mes contado desde su publicación, lo que perjudicaría a todo el sector salud y podría tener visos de ilegalidad. Lo anterior, ya que agravará la ya difícil situación generada por los atrasos en los pagos que experimentan las empresas de este sector, haciendo muy difícil su subsistencia. Asimismo, es una mala noticia para el sector público, ya que contribuirá a que la deuda siga aumentando.
Pero además de esos perjuicios podría existir una eventual ilegalidad, ya que se estaría discriminando entre proveedores que pertenecen al rubro salud y los que no, viéndose solo estos últimos beneficiados en la prontitud de los pagos que busca regular el proyecto. Una ley debe ser por esencia justa; este no es el caso.
Pablo Prüssing
Secretario Ejecutivo APIS
Fuente: La Tercera
