En 2016, el gasto del Ministerio de Salud representó un 18% del gasto del Gobierno Central -comparado con un 14% en 2006, diez años antes. Aunque haya sido uno de los ministerios con mayor crecimiento durante los últimos años, lo que Chile invierte en salud pública todavía sigue siendo comparativamente bajo: según cifras preliminares, en 2016 se desembolsaban aproximadamente 1.200 USD por persona, versus los 2.934 USD que los gobiernos de la OECD gastaban en promedio por persona, – 2,5 veces más alto (OECD).
Considerando la experiencia internacional, la continua mejora tecnológica y sobre todo las necesidades en salud de una sociedad cada vez más envejecida, es evidente que el gasto público en el sector salud seguirá al alza. Ejemplo de la presión existente es el hecho que entre 2009 y 2016, los Servicios de Salud gastaron anualmente en promedio un 38% más de lo planificado inicialmente en la Ley de Presupuestos.
Los aumentos de gasto más allá de lo planificado han llevado también al alza la deuda hospitalaria que aumentó explosivamente en los últimos años, llegando a un estimativo de $ 231.466 millones en mayo pasado, con plazos de pago a proveedores que sobrepasan con creces los 30 días establecidos en el Reglamento de la Ley de Compras, o los 45 días establecidos para los Servicios de Salud. Según datos entregados por la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud AG (APIS AG), durante el 2016 hubo atrasos de 178 días en promedio para el pago de facturas, habiendo incluso pagos pendientes anteriores al año 2016, lo que demuestra la gravedad del caso. No solo implica perjuicios financieros –o hasta quiebras – para los proveedores directos, sino también afecta toda la cadena productiva y social asociada, siendo ante todo las pequeñas empresas los que no pueden subsistir bajo estas condiciones, generándose daño tanto a la economía del país, como a las familias asociadas.
La situación real puede ser incluso peor que las cifras oficiales, porque el plazo oficial de pago corre recién desde la recepción de la factura, sin considerar el período entre la recepción del producto, y el aviso de recepción conforme por parte de los Servicios de Salud – lo que nuevamente deja márgenes de manejo que pueden afectar especialmente a las pequeñas empresas proveedoras.
No obstante -y aunque semanas atrás, Sergio Granados, Director de la Dirección de Presupuesto (DIPRES), haya dicho que en el futuro, el gasto en salud “se puede disparar sin control”- desde la mesa de trabajo del Consejo de la Sociedad Civil de Chile Compra creemos que se pueden adoptar varias medidas para gestionar mejor el comportamiento de pago del sector público, de la mano con aumentar la transparencia del proceso de las compras públicas.
Una de las medidas necesarias, y esencial, es la integración de datos de las compras públicas, con el sistema de información para la gestión financiera del Estado (SIGFE) -ambos dependientes del Ministerio de Hacienda. De esta manera, no solamente la ciudadanía podría realizar un mejor control social sobre el mercado público, basado en datos contables, – sino ante todo, los servicios públicos podrían mejorar sustancialmente su proceso de compras, y su comportamiento de pagos. La integración permitiría procesar documentos electrónicos de las compras públicas para generar automáticamente los eventos financieros asociados. Además, tendría como consecuencia que los servicios públicos podrían emitir recién una orden de compra cuando realmente dispongan de los fondos requeridos. No solamente mejoraría la planificación presupuestaria, sino también reduciría las órdenes de compra que se emiten sin fondos, dejándolos reservados solo para las reales urgencias médicas, vía aprobaciones especiales.
Con la integración de ambos sistemas mencionados, incluyendo también el sistema electrónico de facturación del SII, la iniciativa “Mis pagos”, desarrollado por la Dirección ChileCompra, podría convertirse en una herramienta potente para hacer un seguimiento real de las facturas emitidas por parte de los proveedores. Su utilización permitirá conocer los plazos de pago reales del Estado, contribuyendo a una mayor transparencia y coordinación entre el sector público y privado.
Para obtener “eficiencias operacionales significativas en la gestión de las instituciones públicas”, DIPRES y ChileCompra ya habían firmado un convenio en 2010 para integrar sus sistemas, –lo que a la fecha no se ha logrado. Creemos que debiera retomarse con urgencia esta iniciativa, bajo el liderazgo de la DIPRES. Ha llegado el momento para aprovechar mejor las nuevas tecnologías para la gestión del Estado.
Columna del Secretario Ejecutivo de APIS, Pablo Prüssing
Fuente: El Mostrador
